Detenciones arbitrarias, tortura, trato cruel y degradante, robo, desaparición forzada y el homicidio de 28 personas, son algunas de las violaciones a los derechos humanos cometidas por los cuerpos policiacos locales y federales durante el conflicto social que sacudió a Oaxaca en 2006. Lo que inició como una protesta de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) devino en una revuelta generalizada y el surgimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
El gobierno del priísta Ulises Ruiz, lejos de atender las demandas de la población, implementó operativos policiacos y parapoliciacos que enrarecieron aún más el conflicto. El caso fue llevado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar si los funcionarios tuvieron responsabilidad en las violaciones a las garantías individuales de la población. La Corte determinó que el Gobernador Ulises Ruiz debe responder por ello, pero el alcance de la decisión es limitada y exonera al entonces presidente Vicente Fox, quien comandaba las fuerzas federales en 2006. Alva Cruz, abogada del Comité 25 de noviembre nos habla más sobre este dicatamen de la SCJN, que aunque represente un avance, no es suficiente.
