Los Sobrevivientes de la masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, se han manifestado en contra de la liberación de los autores materiales del crimen. La defensa de los paramilitares que se encuentran presos ha sido encabezada jurídica y mediáticamente por Héctor Aguilar Camín, quien por años ha sostenido que el crimen fue producto de un conflicto religioso y no de una estrategia contrainsurgente del Gobierno Mexicano.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció por la “liberación inmediata de los acusados”, debido a las irregularidades procesales en el juicio seguido en su contra. Aunque dijeron que su desición no declaraba la inocencia ni la culpabilidad de los acusados, por la vía de los hechos les ha exonerado de sus crímenes porque nadie puede ser juzgado por el mismo delito dos veces.
A decir de las organizaciones que han acompañado a los sobrevivientes de la masacre, la SCJN debió reponer el proceso y no liberar a los acusados, sorprende la contundencia de la resolución, pues en otros casos los ministros han ignorado esos mismos vicios del sistema judicial mexicano. Las violaciones a los derechos humanos en contra de la periodista Lydia Cacho y de Ignacio del Valle no tuvieron el mismo peso para los ministros.
Ahora que se ha ordenado la liberación de los autores materiales de la masacre de Acteal, parece alejarse el castigo para quienes planearon y ordenaron la matanza. Son funcionarios alto nivel y no han sido investigados, entre ellos el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.
Diego Cadenas es director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y ha documentado la culpabilidad de quienes hoy presos, podrían regresar a la comunidad donde mataron a 45 indígenas.
