El 26 de marzo de 2006 seis elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) llegaron al tianguis de Santiago Mexquititlán, Querétaro. Iban vestidos de civil y sin orden de cateo para realizar un “operativo anti piratería”. Luego de causar destrozos fueron contenidos por los comerciantes. Tras el connato y con la mediación de sus superiores, los policías incluso aceptaron pagar por los daños hechos.
Días después Jacinta Francisco Manuel, quien llegó al final para ver que pasaba, fue detenida junto con otras 3 mujeres y condenada a 21 años de prisión por el secuestro de 6 elementos de la AFI.
Desde el inicio el proceso ha estado lleno de irregularidades, pero la Procuraduría General de la República (PGR) insiste en que tiene pruebas de la responsabilidad de las 3 mujeres indígenas. El caso ha merecido que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emita una recomendación pues “fueron vulnerados sus derechos a la legalidad, la seguridad jurídica y la procuración de justicia mediante actuaciones irregulares de un agente del Ministerio Público Federal.”
Tonio Tessada es Coordinador de Movilización e Impacto de Amnistía Internacional en México, organización que inicia una campaña por la liberación de Jacinta Francisco Marcial, a quien considera Prisionera de Conciencia.
Este es un caso más de la prepotencia y abuso de “nuestros funcionarios”, los cuales están para defender nuestros derechos constitucionales, no para pisotearlos. Las preguntas obligadas son: ¿Qué castigo se les va a imponer a los agentes que hicieron declaraciones falsas? ¿Qué castigo se le va a imponer al agente del Ministerio Público Federal que alteró el proceso? ¿Hasta cuándo el Gobierno Federal seguirá permitiendo abusos de poder?… yo creo que ya es tiempo de actuar.