 Fernando Amezcua, secretario del interior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), lamenta que las autoridades federales hayan dado la espalda a 40 mil familias que dependían laboralmente de la Compañía de Luz y Fuerza. El fallo en contra del sindicato no es el fin del litigio, pero si representa un duro golpe a la resistencia. Aunado a esto, la Policía Federal ha implementado operativos para agredir diversos plantones que mantienen los electricistas, llegando incluso a la detención de dos de ellos. Primero sin empleo y ahora acusados de “sabotaje”.
Ante esta difícil situación, el SME se reorganiza y discute las acciones que seguirán para defender su fuente de trabajo. Una de ellas es recurrir a instancias como la Organización Internacional del Trabajo, ahora que las autoridades mexicanas han cerrado una puerta más en el conflicto.
 El 29 de diciembre, sin mayor discusión ni difusión del hecho, el Congreso de Chiapas aprobó una nueva Ley de los Derechos Indígenas para el estado. Miguel Ángel García, miembro de la organización Maderas del Pueblo, considera que el hecho es una “broma de mal gusto”, pues lejos de atender la demanda de autonomía de los pueblos indios, los somete aún más para favorecer a empresarios interesados en la explotación de recursos naturales.
La nueva Ley establece que los pueblos indios deberán “asociarse” con empresarios y a través de la Secretaría de Economía local, para tener acceso a los recursos naturales de sus territorios. Este tipo de disposiciones van en contra de lo estipulado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual fue signado por México y retomado para la firma de los Acuerdos de San Andrés.
Alba Cruz es abogada del Comité 25 de Noviembre de Oaxaca y parte de la defensa legal Juan Manuel Martínez Moreno, acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de asesinar al camarógrafo estadunidense Bradley Roland Will el 27 de octubre de 2006. Ahora que el acusado obtuvo un amparo de la justicia federal, la PGR se niega a liberarlo.
Juan Manuel Martínez Moreno fue detenido por las autoridades mexicanas para complacer al gobierno de Estados Unidos, quien condicionó la entrega de recursos de la Iniciativa Mérida a la entrega del homicida de Brad Roland Will. Testimonios de testigos y los propios peritajes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos señalan a policías de Santa Lucía del Camino, Oaxaca (lugar donde ocurrió el crimen) como los autores del asesinato, pero el gobierno de Oaxaca no ha continuado esa línea de investigación. Mientras tanto y a pesar de haber obtenido la exoneración, Juan Manuel Martínez Moreno sigue preso y los verdaderos asesinos, libres.
 Para el padre Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el año que terminó marcó un claro retroceso en materia de derechos humanos en México. La población civil ha quedado atrapada entre los fuegos del narcotráfico y la propia violencia de las fuerzas federales que dicen combatir al crimen organizado.
Los derechos más elementales, como la salud, el empleo y la alimentación, también sufrieron un embate por el alza de precios y la caída continuada del poder adquisitivo. El 2010 no pinta mejor para las familias mexicanas ante el empecinamiento del gobierno federal por continuar con las mismas políticas que provocaron la crisis.
Alberto Herrera Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México, habla sobre el informe “México: Nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del ejército”. En el documento se consignan 5 casos en los que elementos castrenses actuaron en contra de ciudadanos mexicanos con total impunidad.Lesiones, robo, privación ilegal de la libertad y hasta ejecución extrajudicial, son los delitos cometidos por soldados en el marco de la llamada “guerra contra el crimen”.
Para Amnistía Internacional, el papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también ha sido deficiente y hasta cómplice por omisión, pues se tiene registro de casos de tortura cometidos en las propias instalaciones militares sin que los Visitadores del organismo se presenten.
Para Alicia Sepúlveda, trabajadora jubilada de Teléfonos de México, la propuesta de una huelga general en apoyo a los trabajadores electricistas tiene muchos obstáculos, ya que el sindicalismo mexicano padece de vicios históricos como el corporativismo y la falta de conciencia social. No obstante, la resistencia del Sindicato Mexicano (SME) de Electricistas se mantiene y prueba de ello es la prórroga que el gobierno federal ha implementado para la liquidación de trabajadores electricistas.
Afirma que quienes no han acudido por el pago, no lo harán tampoco en el futuro y ese sector constituye al núcleo más decidido de los electricistas, que mantienen las movilizaciones y buscan unir fuerzas con otras causas sociales. Por su parte, la Presidencia pretende defender su imagen internacional ante los severos cuestionamientos por su desprecio a los derechos laborales.
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