El lunes 14 de junio se presentó el informe “12 presos por la defensa de la tierra, es tiempo de su libertad”, que fue elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Comité Cerezo y el Seminario de acompañamiento psicosocial.
El documento consta de 4 apartados en los que se recogen los antecedentes de la represión contra el pueblo de San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, las irregularidades del proceso penal seguido contra los detenidos, las condiciones de reclusión de los presos políticos y el impacto provocado en las familias de los encarcelados.
Este informe se presenta ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está a punto de discutir el caso de los atenquenses presos, para decidir si los libera o no. La defensa de los labriegos presentó recientemente un recurso legal llamado amicus curiae que significa amigos de la corte. Consiste en que terceros no involucrados presentan argumentos legales sobre un caso, para que los jueces, la SCJN en este caso, tenga mayores elementos para tomar una decisión justa.
Escuchemos al Abogado Simón Alejandro Hernández León del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien nos habla sobre este recurso legal.
A las 12 personas que permanecen encarceladas se les acusa de “secuestro equiparado”, que a consideración de la defensa de los atenquenses, es un delito creado para encarcelar a los luchadores sociales.
El director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha Malo, mencionó otros tipos penales que el gobierno del Estado de México, tendría que haber usado contra los campesinos en lugar del “secuestro equiparado” y que alcanzan penas mucho menores que las impuestas contra los habitantes de San Salvador Atenco.
Héctor Cerezo, ex preso político y miembro del Comité Cerezo, habló sobre las condiciones de vida de los presos en el Penal Molino de Flores.
Hector Cerezo también habló sobre el trato que le dan a los presos en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, también conocido como de Almoloya de Juárez.
Héctor Cerezo también habló de como se vive en el penal de máxima seguridad de el Altiplano, antes conocido como Almoloya
La minería a cielo abierto implica la destrucción del medio ambiente y la ruptura del tejido social. Para extraer medio gramo de oro se necesita dinamitar en promedio una tonelada de tierra, además de bañarla con cianuro, un químico altamente tóxico que después se acumula en los mantos freáticos de la región. El gobierno federal promueve la instalación de este tipo de minas prometiendo empleos, los cuales serán pocos y durarán en promedio 15 años.
