El 29 de diciembre, sin mayor discusión ni difusión del hecho, el Congreso de Chiapas aprobó una nueva Ley de los Derechos Indígenas para el estado. Miguel Ángel García, miembro de la organización Maderas del Pueblo, considera que el hecho es una “broma de mal gusto”, pues lejos de atender la demanda de autonomía de los pueblos indios, los somete aún más para favorecer a empresarios interesados en la explotación de recursos naturales.
La nueva Ley establece que los pueblos indios deberán “asociarse” con empresarios y a través de la Secretaría de Economía local, para tener acceso a los recursos naturales de sus territorios. Este tipo de disposiciones van en contra de lo estipulado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual fue signado por México y retomado para la firma de los Acuerdos de San Andrés.
