El director de la estación comunitaria Radio Ñomndaa La Palabra del Agua, David Valtierra Arango,enfrenta una orden de aprehensión por el delito de secuestro. El quejoso, Ariosto Rocha, es sobrino de la ex alcaldesa de Xochistlahuaca y hoy diputada del PRI Aceadeth Rocha. No es la primera vez que autoridades locales emprenden demandas contra los miembros de Radio Ñomdaa, quienes sin el apoyo de los partidos políticos ni empresa alguna, mantienen uno de los proyectos de radio comunitaria más importantes de la región. Próximamente se cumplirán los primeros 5 años de este proyecto.
Diversas organizaciones sociales de México y el mundo han protestado por este nuevo ataque contra las radios independientes, entre ellas la Cooperativa Materu Kurhinta-Michoacán, Frente de Pueblos del Anáhuac-Tláhuac y, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, entre otras.
Mauricio Monsalvo, miembro de Radio SME, considera que es fundamental contrarrestar la campaña mediática en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas. Para ello y en coordinación con distintas radios libres, el SME realizará una transmisión en vivo durante toda la jornada del Paro Nacional del 11 de noviembre.
Puedes escuchar la transmisión a través de www.radiosme.org.mx
El juez penal de primera instancia del distrito de Abasolo, con sede en Ometepec, giró orden de aprehensión contra David Valtierra Arango, director y fundador de la Radio Ñomdaa, en el Municipio Autónomo de Xochistlahuaca. Otras 30 órdenes de aprehensión pesan sobre la comunidad amuzga.
Se les acusa de “privación de la libertad personal y robo, en agravio de Ariosto Rocha Ramírez”, el hemano de la Diputada priísta Aceadeth Rocha, quien fuera alcaldesa de Xochistlahuaca cuando la población decidió declarar la autonomía en su tierra. José Valtierra, amuzgo y miembro del Municipio Autónomo, nos habla de la situación.
El abogado Agustín Pineda nos cuenta el caso de Rosa Cruz, comunicadora indígena de Ocumichu, Michoacán, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) le ha iniciado un proceso penal por el “uso indebido del espectro radioeléctrico”. Aunque no se ha liberado la orden de aprehensión, el proceso jurídico se inscribe en una campaña contra de las radios comunitarias en México.