La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) otorgó permisos de operación a 19 estaciones de radio y televisión, entre ellas se encuentran radios comunitarias que hacía años habían solicitado licencia. Aunque el hecho representa un avance, no se debe perder de vista que alrededor de 200 permisos permanecen en trámite y la industria de la radio y la televisión en México no ve con buenos ojos que surjan nuevas estaciones, mucho menos si son independientes.

Raúl Benet, es miembro de Teponaztle Cultura y Comunicación, una de las radios que obtuvo permiso de las autoridades. Considera que aún hay mucho camino por andar en cuanto a la libertad de expresión en México, ya que el 99% de las estaciones de radio y televisión continúan copadas por la iniciativa privada.

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La Procuraduría General de la República (PGR) ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad en contra de las reformas hechas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) que legalizan el matrimonio entre personas del mismo sexo y les permiten la adopción de niños. Es la segunda vez que la PGR emprende un intento por revertir derechos civiles en la capital, la primera ocasión fue cuando impugnaron el derecho a la interrupción del embarazo. El doctor Javier Flores, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y articulista del periódico LA JORNADA, considera que la figura del matrimonio es en si misma, un modelo que representa el atraso, no obstante, la preferencia sexual de las personas no debe ser un impedimento para que libremente decidan adoptar esa forma de organización social. Como profesional de la salud, asegura que no hay ningún fundamento científico para afirmar que una pareja homosexual representa un peligro para un niño, en caso de que lo adopten.

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La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretenden construir la presa de El Zapotillo, en Jalisco. Dicha obra afectará a los habitantes de las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, pues sus viviendas quedarán inundadas, todo para beneficiar a industriales del estado de Guanajuato. Esto es denunciado por Claudia Gómez, del Colectivo COA.

Los inconformes se han movilizado en rechazo al mega proyecto e implementan una estrategia legal para impedir que sus casas queden bajo el agua. Se han interpuesto hasta hoy 13 amparos, de los cuales 2 son colectivos. El asunto ha trascendido el ámbito nacional y recién recibieron la visita de los representantes de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDHNU).

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El derecho a la consulta y participación de las comunidades indígenas no se aplica en los programas federales. La forma determinar cuáles son las necesidades y  cómo se resuelven, son tarea del gobierno, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios (Conadepi). Con ello se viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, mismo que fue ratificado hace casi 20 años por el Gobierno Mexicano.

Yacotzin Bravo, maestra en Derecho e integrante del Observatorio Politica Social y Derechos Humanos, explica cuales son las principales deficiencias en la aplicación de este tipo de programas en las comunidades indígenas.

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En diciembre de 2009, el Gobierno Federal cambió la metodología usada para medir la pobreza. La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a través del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), festejó que el modelo de medición multidimensional de la pobreza, permitirá tener un conocimiento más amplio sobre las carencias de la población mexicana, incluso identificando a los sectores más vulnerables.

Las variables que mide la Coneval -en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)- son Ingreso per cápita, Rezago educativo, Acceso a servicios de salud, Acceso a seguridad social, Calidad y espacios de la vivienda, Acceso a servicios básicos en la vivienda, Acceso a la alimentación y Grado de cohesión social.

Los datos de ese primer ejercicio, son de 2008 y arrojan que el el 44.2% de la población mexicana es pobre, es decir, 47.2 millones de personas no pueden satisfacer sus necesidades más básicas. En este conteo no se contemplan los nuevos pobres que provocó la reciente crisis.

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Escuchar presentación de la nueva metodología de la Coneval II

Pero la situación es peor de lo que aceptan las propias autoridades. Julio Boltvinik, investigador del Colegio de México y articulista del periódico LA JORNADA, asegura que el número de pobres en México asciende a 88 millones de personas, el 80% de la población. Además, el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos ha caído 37% en lo que va de la administración calderonista. Esto según investigaciones del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM. Rodolfo Pérez, economista del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) nos habla de esta danza de cifras sobre la pobreza.

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El 12 de octubre del año pasado, el Gobierno Federal decretó la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Ordenó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tomar en sus manos las instalaciones de LFC asegurando que se tenía plena capacidad técnica y el personal suficiente para hacérlo. No fue así.

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) denunció que la CFE ha contratado a empresas que hagan el trabajo que le fue encomendado. Dichas empresas operan sin respetar los derechos laborales de sus empleados, además de no estar capacitadas ni equipadas para desempeñar la labor de iluminar al centro del país.  En días recientes , quedó de manifiesto la incapacidad de la paraestatal ante la ola de apagones que se dieron en toda la ciudad. Antonio Gersherson, articulista del periódico LA JORNADA y ex funcionario del Gobierno de la Ciudad de México, advierte sobre el riesgo de que CFE continúe operando con tantas carencias.

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